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La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

José María López Jiménez

Doctor en Derecho y miembro del equipo de trabajo de Edufinet

Sobre mi

Doctor y Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (Sección Ciencias Políticas). Actualmente trabaja en el sector financiero como Responsable de Responsabilidad Social Corporativa. Forma parte del equipo de trabajo del proyecto de educación financiera 'Edufinet'.

Los ODS retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aspiran a conseguir, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 (fecha de su entrada en vigor) y 2030, lo que estos no lograron

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Durante varias décadas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, el 10 de diciembre de 1948, ha sido el denominador común ético de referencia de todos los pueblos y naciones del planeta.

 

No debe perderse de vista que la Declaración Universal se aprobó tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, de lo que queda rastro en su preámbulo cuando se reconoce que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos” originó “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.

 

También hay que ponderar, sobre todo para el contraste con la época actual, como veremos más adelante, el gran peso que en su elaboración, aprobación y aplicación tuvieron los Estados, ya que el papel de los individuos y de las empresas en el sistema de Derecho Internacional Público era -y sigue siendo- limitado.

 

Estos derechos universales (dignidad de todas las personas; igualdad ante la ley y no discriminación; derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad; prohibición de la esclavitud y la tortura; derecho a acceder a los tribunales para la defensa de los propios intereses; presunción de inocencia; derecho a la intimidad personal y familiar; derecho a la propiedad; libertad de pensamiento, conciencia y religión; libertad de expresión; principio democrático como base de la convivencia; derecho a acceder al sistema educativo…) se recogen expresamente, por fortuna, en los textos constitucionales, como el español, aprobados tras 1948, lo que provoca que las salvaguardas para su observancia práctica sean mayores.

 

La normalización, hasta cierto punto, de las relaciones internacionales y la prosperidad material alcanzada por una buena parte de los habitantes del planeta -lo que no debe hacernos caer en la complacencia- provocó que al centro de atención pasaran otras cuestiones que, en un escenario de destrucción y barbarie global como el mencionado, seguido por la polarización y la Guerra Fría entre las dos superpotencias, no tenían por qué ser consideradas.

 

Desarrollo sostenible

 

Entre estos “nuevos” conceptos destaca, particularmente, uno totalmente asentado en la actualidad como es el de sostenibilidad, que no puede dejar de ligarse al número de habitantes del planeta (2.600 millones en el momento fundacional de las Naciones Unidas y unos 7.700 millones en la actualidad, que podrían convertirse en 9.700 millones en 2050 y en 11.000 millones en 2100, según datos de esta institución), de sus legítimas expectativas de vida, de los límites materiales para el crecimiento y de los “efectos colaterales” de este.

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo presentó en 1987 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los prolegómenos de la caída del Telón de Acero y de la desmembración de la URSS, el conocido como “Informe Brundtland”. Este informe define el desarrollo sostenible, con un alcance que nos resulta familiar hoy día, y, que, de hecho, se toma casi literalmente por la Agenda 2030, como el tipo de desarrollo que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

 

Realmente, sin necesidad de remontarnos a antecedentes remotos como Thomas Malthus y su “Ensayo sobre el principio de la población” (1798), ya en 1972, con la presentación por el Club de Roma del célebre informe “Los límites al crecimiento”, en un contexto de crisis económica, social y energética, se concluyó que el aumento de la población, la industrialización y la contaminación obligaría a superar los límites físicos del planeta en unos 100 años.

 

Tras la aprobación del “Informe Brundtland”, diversas conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, entre las que podemos destacar la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Cumbre del Milenio (2000) o la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2015), han pretendido establecer una base adecuada para el desarrollo sostenible.

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

 

Los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio procuraron alcanzar determinados fines de interés para toda la humanidad, tomando 2015 como límite temporal para su cumplimiento: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

 

A pesar de los avances experimentados, la cantidad de personas que vivían en situación de pobreza extrema en 2015 solo -o nada menos- se redujo a la mitad.

 

Y así es como se llega a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 25 de septiembre de 2015 -anterior en varios meses, por tanto, al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, de 12 de diciembre de 2015- con el título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que comprende los 17 Objetivos de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 Metas, que se describen como la “nueva agenda universal”, bajo el lema, sobradamente conocido a estas alturas, de que “nadie se quede atrás”.

 

Los Estados firmantes de la Resolución, que son todos los del planeta, admiten que “la Agenda tiene un alcance y una importancia sin precedentes”, y que “nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo con una acción y un empeño comunes en pro de un agenda de políticas tan amplia y universal”. Como anexo a este artículo se pueden encontrar los 17 ODS.

 

A diferencia de otros textos similares aprobados con anterioridad, los países firmantes de la Resolución por la que se aprueba la Agenda 2030 hacen extensiva la responsabilidad para su cumplimiento, además de a los gobiernos, los parlamentos nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, a “las  autoridades  locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la población” (apartado 52). Se trata, con claras resonancias “lincolnianas”, de una agenda “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, por lo que, precisamente, se presume por los países signatarios que la iniciativa “tiene el éxito garantizado”.

 

Los ODS retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aspiran a conseguir, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 (fecha de su entrada en vigor) y 2030, lo que estos no lograron, con la presión adicional que inspiran el calentamiento global y las previsibles dificultades que el aumento de la temperatura del planeta podrían originar, sobre todo a los más desfavorecidos.

 

Los ODS: en favor de las personas, el planeta y la prosperidad

 

En realidad, los ODS son mucho más que la lucha contra el cambio climático. En el preámbulo de la citada Resolución de las Naciones Unidas por la que se aprueba la Agenda 2030 se afirma que esta “es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, que también tiene por objeto “fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad”, y que “la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.

 

La Agenda 2030 identifica cuáles son los países y, en consecuencia, los sectores de población más vulnerables (apartado 22): “los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, al igual que los países que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto”. Llamativamente, también se admite que “muchos países de ingresos medianos también están atravesando graves dificultades”.

 

Los ODS y sus Metas tratan de dar respuesta de forma integrada a las que se denominan “las tres dimensiones del desarrollo sostenible”: la económica, la social y la ambiental. Expresamente se da cabida en la Agenda 2030 a las políticas que persiguen el aumento de la inclusión financiera (apartado 27), en un contexto de libertad de intercambios comerciales (apartado 30): “Se insta encarecidamente a los Estados a que se  abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo”.

 

Uno de los aspectos más interesantes de la Agenda 2030 es que los Estados firmantes expresamente reconocen “el papel que desempeñarán en la implementación de la nueva Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas” (apartado 41).

 

En particular, se admite la necesidad de que se movilicen fondos tanto de instituciones públicas como privadas (apartado 43), lo que nos lleva a las Finanzas Sostenibles, que ya fueron objeto de tratamiento en un artículo anterior publicado en este mismo Blog. Así, por ejemplo, el Plan de Acción de la Comisión Europea (“Financiar el desarrollo sostenible”), de marzo de 2018, identifica el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 (con sus 17 ODS) como los ejes de la nueva estrategia, para atenuar “las consecuencias catastróficas e imprevisibles del cambio climático y del agotamiento de los recursos” y para “reorientar el capital privado hacia inversiones más sostenibles”.

 

Según la Agenda 2030, “tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza, y quizás seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta” (apartado 50). La declaración es un tanto altisonante, pero debe invitar al optimismo: el vigente sistema económico ha posibilitado un desarrollo material impensable apenas 75 años atrás, del que se han beneficiado miles de millones de personas, y, aunque ha generado externalidades negativas que han impactado en el medioambiente, también nos ofrece los medios con los que, sin lugar a dudas, esta generación podrá reconducir la situación y entregar la antorcha del bienestar a la siguiente.

 

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