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¿Quién puede solicitar la moratoria o reducción de la renta arrendaticia?

Puedes solicitar la moratoria prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, los titulares de contratos de alquiler de vivienda habitual, suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y vigentes a fecha 31 de marzo de 2020, que, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

 

Según lo dispuesto en la referida normativa, los requisitos de vulnerabilidad económica que deben cumplirse para acceder a la moratoria o reducción de la renta arrendaticia son los siguientes:

 

a)  Situación de la persona arrendataria: Que pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar1, en el mes anterior a la solicitud:

 

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM2).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

 

b)  Renta arrendaticia, gastos y suministros: Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario), resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

 

No obstante, no se dará el supuesto de vulnerabilidad económica, cuando la persona arrendataria o cualquiera de las que componen la unidad familiar que habitan en la vivienda sean propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España, salvo el caso de que:

 

- el derecho de propiedad o usufructo que ostenten, recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento; o bien,

- aun cuando sean titulares de una vivienda, se acredite la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

¿Cuándo se puede solicitar?

Los titulares de contratos de alquiler de vivienda habitual que consideren que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán solicitar la moratoria o reducción de la renta arrendaticia a la entidad arrendadora en el plazo de tres meses de la entrada en vigor del Decreto-Ley 11/2020,  que tuvo lugar el día 2 de abril de 2020.

 

Ya puedes enviar tu solicitud de moratoria de alquiler de vivienda habitual a través de nuestra web y así evitar desplazamientos. Se deberá presentar toda la documentación necesaria para su estudio.

¿Qué documentación es preciso presentar a la hora de solicitar la moratoria?

A la hora de presentar la solicitud es imprescindible aportar la siguiente documentación:

 

a)  Situación legal de desempleo: Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

 

b)  Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: Certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 

c)  Personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

 

d)  Titularidad de los bienes: Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

 

e)  Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados.

 

Además, si se presenta la solicitud en nombre y representación de un tercero, es preciso que se adjunte también el documento que acredite que tiene concedidas las facultades suficientes para realizar esta solicitud en nombre de dicho tercero.

 

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos indicados en las letras a) a d), ambas incluidas, en la declaración responsable indicada en la letra e) deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. En tal caso, estará obligado a aportar la documentación que no haya facilitado en el plazo de un (1) mes desde  la finalización del estado de alarma y sus prórrogas.

¿Cuándo puede obtenerse la moratoria o reducción de la renta arrendaticia?

Una vez presentada la documentación correspondiente, si se reúnen los requisitos antes expresados, la entidad arrendadora dispondrá de un plazo de siete días laborables para comunicar al arrendatario la opción que elija aplicar, entre las dos siguientes alternativas:

 

a)  Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses; o bien,

 

b)  Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Responsabilidad del solicitante

La persona o personas que se hayan beneficiado de las medidas de moratoria o reducción de la renta sin reunir los requisitos previstos en la norma, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que dicha conducta pudiera dar lugar. El importe de los daños, perjuicios y gastos no será inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.

 

También incurrirá en responsabilidad quien, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtenerla. 

Dónde se puede obtener la documentación requerida en el Real Decreto

Certificado de desempleo: 
Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

 

Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia:  
Agencia Estatal de la  Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

 

Certificado de empadronamiento: 
En el Ayuntamiento de cada provincia. En muchos, se puede solicitar por teléfono, por internet o por correo postal.

 

Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar:
Puedes solicitarla por correo electrónico al Registro de la Propiedad donde tengas inscrita tu vivienda habitual o, en su caso, a cualquiera de los Registros de la ciudad donde tengas tu residencia habitual incorporando necesariamente fotocopia del DNI de la persona sobre la que se deba expedir la información o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar.
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad/

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